SPANISH REVOLUTION

La historia tiene todos los ingredientes de la España que predica orden mientras chapotea en el barro. Una concejala de Vox, Araceli Colomar Costilla, regidora en Sant Josep de sa Talaia desde el verano de 2023, administradora de fincas, agente de la propiedad inmobiliaria y rostro local de un partido que vende mano dura contra la “okupación”, aparece ahora denunciada por una presunta trama de ventas fantasma de locales, trasteros y plazas de garaje en el Edificio Galaxia de Eivissa.

Hay veces en que el problema no es solo la violencia. Es la literatura posterior. Esa prosa burocrática que aparece después del golpe, cuando alguien intenta convertir una agresión por la espalda en una maniobra limpia, proporcional y casi inevitable. Pasó en València, durante la huelga educativa del 31 de mayo, y ahora vuelve a pasar sobre el papel. El atestado de la Policía Nacional sostiene que el antidisturbios que empujó por la espalda a una profesora “hizo uso de la mínima fuerza reglamentaria”. Mínima fuerza. Dos palabras pensadas para dormir expedientes. Dos palabras que chocan contra los vídeos, contra la barbilla abierta de la víctima, contra los dos puntos de sutura, contra las contusiones en el tórax y la mandíbula, y contra algo bastante incómodo para ciertas versiones oficiales: la realidad.

La sentencia del Supremo sobre el caso Ábalos tiene una escena difícil de digerir. José Luis Ábalos recibe una condena de 24 años y 3 meses de cárcel. Koldo García, su antiguo asesor, 19 años y 8 meses. Víctor de Aldama, empresario corrupto, conseguidor de la trama y condenado a 4 años y medio, no entrará en prisión. La explicación oficial cabe en una palabra que suena limpia, casi noble: colaboración.

Pero hay palabras que, cuando se colocan al lado de determinados hechos, empiezan a oler mal.

Aldama no aparece aquí como un vecino arrepentido que decidió tirar de la manta por conciencia democrática. No. Aldama confesó en noviembre de 2024, 9 meses después de ser detenido por el caso Mascarillas y un mes después de entrar en prisión por otra causa penal vinculada a un fraude fiscal multimillonario en el negocio de los hidrocarburos. Es decir, colaboró cuando la cárcel ya no era una hipótesis, sino una realidad. Colaboró cuando colaborar podía servirle para salir. Colaboró cuando su verdad tenía precio procesal.

Y el precio ha sido formidable.

El comisionista sale mucho mejor parado que quienes no tienen dinero para pagar una buena defensa, negociar una colaboración o convertirse en pieza útil para el relato judicial.

La sentencia solo le impone, de forma solidaria con Ábalos y Koldo García, el decomiso de 430.298 euros por las ganancias vinculadas al delito de cohecho. También tendrá que pagar dos multas que suman 72.000 euros por organización criminal y cohecho. En total, una mordida asumible para quien, según los magistrados, se embolsó 3,7 millones en las operaciones de Puertos del Estado y ADIF. Si miramos el conjunto de sus negocios con mascarillas, incluyendo el suministro al Ministerio del Interior, el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de Illes Balears (estos dos últimos investigados en la Audiencia Nacional), los beneficios ascienden a 6,6 millones de euros.