SPANISH REVOLUTION

Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.

González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.

El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.

Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.

El caso Begoña Gómez se ha convertido ya en una trituradora institucional. Peinado empuja desde un juzgado una causa que cada día parece más atravesada por el ruido político. El Gobierno responde con comunicados, quejas y gestos de trinchera. La derecha agita el expediente como si hubiera encontrado petróleo. Y en medio, otra vez, el Estado se mira a sí mismo. Sus jueces. Sus policías. Sus ministros. Sus sindicatos. Su honor.

Pero la calle queda fuera de plano.

La misma calle que ha visto cargas policiales contra protestas sociales, desahucios, movilizaciones antifascistas, marchas laborales o concentraciones por Palestina. La misma calle donde se reparte autoridad a golpe de defensa extensible. La misma calle a la que luego se le pide confianza institucional, moderación y respeto.

Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que el próximo 2 de julio llevará a la Asamblea de Madrid un pleno extraordinario para debatir y aprobar la llamada “ley del concebido no nacido”. No es una anécdota parlamentaria. No es una medida técnica. Es una pieza más en la ofensiva reaccionaria que intenta reescribir los derechos sexuales y reproductivos con lenguaje administrativo, una carpeta institucional y una sonrisa de superioridad moral.

La propuesta reconoce al “concebido no nacido” como “miembro más de la unidad familiar”. Dicho así parece una fórmula burocrática. Pero no lo es. Es política pura. Y de la más peligrosa: la que pretende colarse por la puerta de las ayudas sociales para instalar una visión ultraconservadora de la maternidad, del cuerpo de las mujeres y de la familia. No están ampliando derechos: están moviendo el marco para que el embarazo pese jurídicamente antes que la vida material de las mujeres.

Alberto Núñez Feijóo volvió a El Hormiguero el 18 de junio y dejó una frase que no debería pasar como una simple opinión de plató. Pablo Motos le preguntó si era posible que el PSOE acabara imputado. El líder del PP respondió: “Creo que técnicamente, legalmente, con el Código Penal en la mano, es muy posible que el PSOE acabe imputado”. Muy posible. Dicho así, con esa solemnidad de opositor eterno, con esa falsa prudencia de quien no afirma pero deja caer.

La cuestión no es menor. La noticia no es solo que Feijóo atacara al Gobierno, algo que hace prácticamente a diario. La noticia es otra: el jefe de la oposición volvió a hablar como si manejara un calendario judicial paralelo. Como si no estuviera opinando desde fuera, sino anticipando desde dentro. Como si el PP tuviera una ventanilla privada donde se mezclan sumarios, filtraciones, deseos políticos y titulares preparados para el consumo de la mañana siguiente.