SPANISH REVOLUTION

El Sindicato de Inquilinas de Madrid interrumpió el 15 de junio la intervención de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el II Foro Inmobiliario 360º. No fue una anécdota. No fue una performance. Fue una imagen incómoda de país. Mientras la responsable estatal de vivienda hablaba en un foro con empresarios del sector inmobiliario, varias activistas pusieron sobre la mesa el nombre que las instituciones intentan convertir en expediente: Maricarmen, una mujer de 88 años con un desahucio previsto para el 24 de junio.

La escena resume demasiado bien el problema. Arriba, la política institucional hablando el lenguaje amable de los foros. Abajo, el sindicalismo de barrio recordando que hay una anciana a punto de quedarse sin casa. La vivienda convertida en negocio y la vida convertida en trámite. Ese es el país real, aunque moleste en los salones donde el ladrillo se presenta como motor económico y no como una maquinaria de expulsión.

La comparecencia de María José Catalá en la comisión de investigación del Congreso sobre la dana del 29 de octubre de 2024 dejó una imagen incómoda para el PP valenciano. Incómoda y bastante clara. La alcaldesa de València, la primera regidora del Partido Popular que pasa por esa comisión, confirmó con datos lo que las víctimas, los municipios y la propia cronología llevan meses gritando contra el muro de la propaganda: la Generalitat Valenciana no avisó a tiempo a los ayuntamientos.

No lo dijo así, claro. Catalá no fue al Congreso a dinamitar a su partido ni a cargar directamente contra el expresident Carlos Mazón, compañero de siglas y de escaño. Fue con dossier, con papeles, con una intervención medida. Intentó desplazar parte de la responsabilidad hacia organismos estatales, especialmente hacia la Confederación Hidrográfica. Pero los hechos tienen una mala costumbre: hablan incluso cuando quienes comparecen intentan no señalar demasiado.

La escena no necesita demasiada épica. Este lunes 15 de junio, en la estación de Sol, las colas en las oficinas de Metro de Madrid parecían las de cualquier otro día. Gente esperando, personal atendiendo, prisas, calor, rutina. Pero había una novedad que ya estaba funcionando como una cuchilla administrativa: desde ahora, solo podrán solicitar la Tarjeta de Transporte Público Personal, el abono transporte, quienes estén empadronados en Madrid.

Dicho así parece una medida técnica. Una corrección burocrática. Un trámite más en el país de los trámites. Pero no lo es. Es política. Y de la peor. Porque cuando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso decide vincular el acceso al abono transporte al padrón sabe perfectamente a quién golpea. No golpea al rentista. No golpea al especulador. No golpea a quienes tienen varias viviendas vacías. Golpea a estudiantes, a personas trabajadoras que se desplazan desde otras comunidades y, sobre todo, a personas migrantes con más dificultades para empadronarse.

La sentencia de la Audiencia de Valencia contra Rafa Mir no habla solo de una agresión sexual. Habla de algo bastante más incómodo. Habla de clase, de poder, de cuerpos protegidos y cuerpos abandonados. Habla de un chalet de lujo, de una urbanización cerrada, de un futbolista conocido, de una joven que sale llorando y casi desnuda, de otra joven expulsada a empujones, y de 3 policías locales de Bétera cuya versión ha provocado que el propio tribunal pida investigar si mintieron en el juicio.

La condena es dura: 8 años y medio de prisión para Rafa Mir por agresión sexual. Pablo Jara, también futbolista, ha sido condenado a 2 años de prisión por agresión sexual y a 6 meses por un delito contra la integridad moral. La sentencia no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Conviene decirlo. Conviene decirlo todo. Porque la precisión importa, sobre todo cuando se habla de delitos sexuales, de víctimas, de acusados y de instituciones que demasiadas veces parecen más preocupadas por no incomodar al poderoso que por proteger a quien denuncia.

Alfonso Fernández Mañueco ya tiene nuevo Gobierno en Castilla y León. Y el mensaje político no puede ser más claro: cuando el Partido Popular necesita conservar el poder, no negocia límites democráticos, negocia carteras. No levanta cordones sanitarios, reparte competencias. No frena a Vox, lo sienta en el Consejo de Gobierno y le entrega piezas estratégicas del tablero institucional.

Este 15 de junio, tres integrantes de Vox juraron sus cargos en el Ejecutivo castellanoleonés. El precio para sostener la presidencia de Mañueco no ha sido solo la llamada “prioridad nacional”. Ha sido bastante más. Ha sido cultura. Ha sido cambio climático. Ha sido política ambiental. Ha sido gestión del lobo. Ha sido familia. Ha sido ayudas sociales. Ha sido desregulación. Todo eso, colocado en manos de una fuerza que lleva años haciendo política contra los consensos democráticos mínimos, contra los derechos sociales y contra cualquier idea de protección colectiva que no pase por el orden, la frontera y el mercado.

Alberto González Amador no es un personaje secundario arrastrado por una tormenta mediática. No es un vecino cualquiera sorprendido por una inspección rutinaria. No es un paisano perseguido por el capricho de un Estado maligno. Es la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y está acusado de cinco delitos. Conviene repetirlo, porque en la Puerta del Sol llevan más de dos años haciendo exactamente lo contrario: disolver los hechos en victimismo, envolver el expediente judicial en propaganda y presentar una investigación penal como si fuera una gamberrada del sanchismo.