SPANISH REVOLUTION

Alfonso Fernández Mañueco ya tiene nuevo Gobierno en Castilla y León. Y el mensaje político no puede ser más claro: cuando el Partido Popular necesita conservar el poder, no negocia límites democráticos, negocia carteras. No levanta cordones sanitarios, reparte competencias. No frena a Vox, lo sienta en el Consejo de Gobierno y le entrega piezas estratégicas del tablero institucional.

Este 15 de junio, tres integrantes de Vox juraron sus cargos en el Ejecutivo castellanoleonés. El precio para sostener la presidencia de Mañueco no ha sido solo la llamada “prioridad nacional”. Ha sido bastante más. Ha sido cultura. Ha sido cambio climático. Ha sido política ambiental. Ha sido gestión del lobo. Ha sido familia. Ha sido ayudas sociales. Ha sido desregulación. Todo eso, colocado en manos de una fuerza que lleva años haciendo política contra los consensos democráticos mínimos, contra los derechos sociales y contra cualquier idea de protección colectiva que no pase por el orden, la frontera y el mercado.

Alberto González Amador no es un personaje secundario arrastrado por una tormenta mediática. No es un vecino cualquiera sorprendido por una inspección rutinaria. No es un paisano perseguido por el capricho de un Estado maligno. Es la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y está acusado de cinco delitos. Conviene repetirlo, porque en la Puerta del Sol llevan más de dos años haciendo exactamente lo contrario: disolver los hechos en victimismo, envolver el expediente judicial en propaganda y presentar una investigación penal como si fuera una gamberrada del sanchismo.

Lo ocurrido en Granada el 16 de abril no es solo una crónica de tensión callejera. Es algo más incómodo. Es una fotografía bastante nítida de cómo funciona el poder cuando decide convertir la protesta en problema y tratar a quienes se movilizan contra el fascismo como si fueran el origen de la violencia.

La Policía Nacional ha trasladado al juzgado un atestado contra cinco jóvenes antifascistas por desórdenes públicos y atentado a la autoridad. Dos delitos. Palabras mayores. Gente joven que acudió a protestar contra un mitin de Vox en la Plaza de las Pasiegas, junto a la Catedral de Granada, y que terminó citada en comisaría en mayo en calidad de detenida. El mensaje es bastante claro: si protestas contra la extrema derecha, prepárate para pagar abogado, vivir con miedo y esperar a que la maquinaria judicial decida cuánto tiempo de tu vida va a ocupar.

El 5 de noviembre de 2023, Alberto Núñez Feijóo dejó una frase que no era un eslogan. Era un programa de combate institucional: “Vamos a defender a España desde el Senado, desde los ayuntamientos y desde las autonomías”. Cuatro días después, el 9 de noviembre, el PP usó su mayoría absoluta en la Cámara Alta para reformar el reglamento y darle más poder a la Mesa del Senado sobre los tiempos legislativos. No era técnica parlamentaria. Era artillería.

Desde entonces han pasado 31 meses. En ese tiempo, el PP ha vuelto a tocar la normativa del Senado otras tres veces para aumentar su capacidad de influencia. Pero el verdadero salto está en otro lugar: las comisiones de investigación. Ahí se ve el método. Ahí se ve la operación. En menos de tres años, el PP ha impulsado siete comisiones en el Senado. Exactamente las mismas que se habían desarrollado en los 38 años anteriores.

La causa de la dana acaba de recibir otro golpe de realidad. Y no precisamente menor. Tres altos cargos del núcleo duro de Carlos Mazón guardaron silencio ante la jueza de Catarroja sobre la existencia del grupo de WhatsApp del Consell, un chat que ahora aparece como una pieza central para entender qué pasó el 29 de octubre de 2024, el día en que la tragedia dejó 230 fallecidos y un rastro de abandono institucional difícil de maquillar.

El caso de los contratos a dedo de la FP madrileña ya no puede venderse como una chapuza menor ni como la travesura administrativa de un subdirector despistado. La investigación de elDiario coloca el foco donde molesta: en la Consejería de Educación durante la etapa de Enrique Ossorio, hoy presidente de la Asamblea de Madrid, y en una forma de gestionar dinero público que, según las auditorías internas de la propia Comunidad de Madrid, permitió construir centros sin concurso público, troceando facturas y usando fondos enviados a institutos como si fueran simples “gastos de funcionamiento”.

Begoña Gómez comparece este 15 de junio ante el juez Juan Carlos Peinado en una audiencia preliminar que, sobre el papel, debería ser un trámite técnico. Pero aquí hace tiempo que el papel importa menos que la escenografía. El magistrado ha exigido su presencia personal, junto a la del resto de las y los investigados, bajo la advertencia de que podrían ser “conducidos por la fuerza pública” si no acudían. Así se construye un espectáculo judicial. Con frases de orden público. Con insinuaciones de fuga. Con una solemnidad impostada que sirve para convertir una causa discutida en una película de persecución.