Expresidentes: la autopista del negocio tras La Moncloa
La puerta giratoria con coche oficial
España tiene una especialidad democrática bastante obscena: pagar oficina, seguridad y medios públicos a quienes dejaron La Moncloa mientras apenas controla qué hacen luego con su agenda, sus contactos y su capacidad de abrir puertas. El Real Decreto 405/1992 regula sus derechos, pero no pone límites serios a sus negocios privados. La Ley 3/2015 solo establece restricciones durante dos años, como si el poder caducara como un yogur y las llamadas importantes dejaran de contestarse al mes 25.
Lo llaman lobby cuando suena fino. Lo llaman experiencia cuando paga bien. Pero muchas veces lo que se vende no es conocimiento: es acceso. España necesita registro obligatorio de lobbies, reuniones trazables, incompatibilidades reales y sanciones que duelan.

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